El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de Economía, Comercio y Empresa (MINECO), ha dado el visto bueno para iniciar la tramitación legislativa que llevará al restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). En respuesta a la emergencia climática y la transición ecológica, se reconoce la necesidad de contar con un regulador y supervisor de los mercados energéticos que incorpore la descarbonización de la economía española a sus objetivos, junto con las funciones tradicionales de garantizar la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado desde la perspectiva de la eficiencia económica.

La CNE desempeñó el papel de supervisor energético desde 1995 hasta 2013, cuando se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, junto con otros reguladores sectoriales. De acuerdo con el Gobierno, el restablecimiento de una CNE independiente, con objetivos, funciones, estructura y presupuesto propios, se presenta como esencial para afrontar los desafíos de los reguladores energéticos en el cumplimiento de la senda de descarbonización, alineándose con las prácticas de otros países europeos.

En este contexto, la incorporación de la descarbonización como objetivo de la CNE implica ajustar la metodología de retribución de las redes eléctricas, proporcionando incentivos a las distribuidoras que agilicen los trámites para la conexión de nuevos puntos de recarga y sistemas de autoconsumo. Asimismo, se contempla la imposición de penalizaciones a aquellas que dilaten temporalmente los plazos.

La CNE se configurará como una entidad de derecho público de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Contará con funciones externas sobre sectores económicos o actividades específicas, manteniendo autonomía orgánica y funcional, así como independencia del Gobierno, las Administraciones Públicas y el mercado. Además, estará sujeta al control parlamentario y judicial.

Las funciones de supervisión y control de los mercados eléctricos, hidrocarburos líquidos, gas natural, hidrógeno verde y otros gases renovables serán responsabilidad de la CNE. También asumirá funciones de inspección, sanción, arbitraje, información, atención y tramitación de reclamaciones de agentes y consumidores, así como la liquidación de peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores bajo su supervisión.

En el ámbito de la supervisión de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE instruirá los expedientes y propondrá al MITECO, quien resolverá y establecerá las condiciones pertinentes.

La CNE ejercerá como órgano consultivo en las materias de su competencia, participará en el proceso de elaboración de normas que afecten a sus competencias mediante informes preceptivos y no vinculantes, y podrá intervenir en procedimientos de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos relacionados con los mercados y sectores productivos que impacten directamente en sus funciones.

El Gobierno aprobará el Estatuto Orgánico de la CNE mediante Real Decreto, definiendo las funciones y la estructura interna. Según los plazos establecidos en el Anteproyecto, se espera que la nueva entidad esté constituida y plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación.

Adicionalmente, el Anteproyecto de ley contempla la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), destinado a gestionar los ingresos y pagos relacionados con las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado para estos sectores.

La nueva CNE hará que la gestión de este área estratégica para la economía cambie también de Ministerio, al pasar a depender del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en lugar del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del que depende actualmente la CNMC. Habrá que ver si este cambio de paraguas ministerial supone también un enfoque diferente en las políticas energéticas del país.